El Síndic abre una queja por la inseguridad en Valencia mientras Ribó se distrae con el catalanismo

El Síndic abre una queja por la inseguridad en Valencia mientras Ribó se distrae con el catalanismo. El defensor del pueblo valenciano recabará ahora información acerca de las cuestiones claves a que alude la queja.

Inseguridad y botellón son, a día de hoy, dos de los mayores problemas de la ciudad de Valencia que, a lo largo de los últimos meses, han recabado la atención desde todo el Estado español. La cuarta ciudad de España ha vivido continuas movilizaciones en distintos barrios a causa, esencialmente, de estos dos problemas: inseguridad y botellón. Los vecinos no se cansan de reivindicar en la calle y en las redes sociales sus derechos. Los delitos han crecido un 36,5% y los policías, que no dan abasto, no llegan a todos lados. A la delincuencia, se ha sumado el botellón en distintas zonas de la ciudad. Por todo ello, la portavoz municipal del Partido Popular María José Catalá presentó una queja ante el defensor del pueblo valenciano. Ahora, el defensor del pueblo valenciano ha resuelto iniciar una investigación.

Las quejas son el nombre que reciben las denuncias presentadas ante el defensor del pueblo valenciano. Esas quejas pueden abrirse de oficio, si la institución lo considera oportuno ante una cuestión que despierta alarma social, o a instancia de parte. Pero, ates de resolver el inicio de investigación, el defensor del pueblo valenciano estudia si resulta o no procedente ante la verosimilitud, rigor e importancia de los hechos reflejados en esa queja. En este caso, ha decidido abrirla. Comienzan ahora las diligencias con la petición de información a las partes. Sobre todo, a la que es objeto de esa queja.

El inicio de la investigación se produce en un momento en que el alcalde de Valencia Joan Ribó está en entredicho por determinadas ayudas que prevé conceder en los nuevos presupuestos municipales. A los 25.000 euros para Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua), una entidad catalanista que ha dedicado parte de sus recursos a promover las denuncias contra quienes no hablan valenciano en la Universidad y persigue con pegatinas delatadoras a los comercios que no se pliegan a hablar en valenciano, hay que sumar otros 50.000 euros más para otros dos entidades también de sesgo catalanista: Societat Coral El Micalet (Sociedad Coral El Micalet) y Escola Valenciana (Escuela Valenciana).

Mientras tanto, el defensor del pueblo valenciano sigue a lo suyo. En la resolución de apertura de queja anuncia que recabará información, al menos, acerca de cinco cuestiones esenciales que afectan a la seguridad en la ciudad de Valencia para emitir una segunda resolución: la del cierre de la queja con recomendaciones que, para la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Valencia, serán de obligado cumplimiento, ya que de lo contrario podrá ser declarado hostil por el defensor en su informe anual ante las Cortes Valencianas.

Rechazar o no responder al defensor del pueblo valenciano no es una cuestión menor. Recientemente, y según publicó OK DIARIO, el titular de institución Angel Luna llegó a acusar a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, de Compromís, como Joan Ribó, de interferir en una de sus investigaciones. En concreto, en la de centros de menores en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Oltra respondió a Luna. Y éste, a su vez, llevó a cabo una contrarréplica: «Ha dejado claro que se produjo una intervención en una investigación» del defensor del pueblo valenciano, dijo entonces.

En la queja por la inseguridad y el botellón en Valencia, el defensor del pueblo valenciano pretende recabar un informe de la Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS) que desarrolla su servicio por las noches acerca de los recursos que necesita para hacer frente a la inseguridad ciudadana en Valencia. Además, quiere conocer cuáles son las medidas adoptadas hasta la fecha para combatir el botellón en esa ciudad. Pretende saber, también, en qué estado se encuentran los procesos de selección de 2018 y 2019, que deben dotar de 234 nuevos efectivos a la Policía Local de Valencia, quiere recabar un informe para conocer los problemas que impiden la aprobación de las bases para convocar plazas de Policía Local de la Oferta de Empleo Público del pasado año (2020) y la aprobación de la oferta pública de empleo del presente año y, finalmente, desea recabar los acuerdos adoptados para la aprobación y entrada en vigor de la ordenanza de convivencia y civismo en el espacio público. A todo ello, se podrían incorporar otros informes, siempre que el defensor del pueblo valenciano lo considere conveniente, para resolver la investigación ahora iniciada.

La pasada semana, algunas asociaciones vecinales promovieron nuevas movilizaciones en Valencia para protestar, de nuevo, contra el botellón y la inseguridad. Una constante en los últimos meses. Ahora, será el síndic quien decida dónde está el problema y ofrezca sus recomendaciones para resolverlo al Ayuntamiento de Valencia.